En una larga reunión en Olivos con la central obrera, el Presidente anunció que creará por decreto el Consejo Económico y Social. Hablaron de cómo mejorar las jubilaciones y de la crisis de las obras sociales
Alberto Fernández prometió lo que la Confederación General del Trabajo (CGT) quería escuchar: el Gobierno accederá a darle continuidad al Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y al Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) en aquellos sectores que sigan necesitando ayuda por parte del Estado y, además, la semana próxima habrá una reunión específica para analizar cómo aliviar la crisis de las obras sociales de la que participarán el Presidente, la central obrera y el ministro de Salud, Ginés González García.
Las definiciones se alcanzaron durante una reunión, con almuerzo incluido, que se realizó en la Quinta de Olivos a lo largo de casi tres horas y en el que el jefe del Estado también se comprometió a crear por decreto el Consejo Económico y Social para no demorar su puesta en marcha y a mantener encuentros con la dirigencia cegetista cada 15 o 20 días para mejorar la relación bilateral.
La CGT también le planteó su preocupación por la nueva fórmula jubilatoria, pero el primer mandatario les aseguró que se propone compensar al sector para que no pierda ante la inflación.
Los sindicalistas le plantearon la necesidad de mejorar el diálogo con la Casa Rosada porque “la CGT no integra el Frente de Todos, pero es la CGT y necesita respuestas”, como le explicaron a Fernández.
Participaron del encuentro, además del Presidente, el ministro de Trabajo, Claudio Moroni; la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca; el secretario general de la Presidencia, Julio Vitobello, y el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz. Por la CGT estuvieron sus cotitulares, Héctor Daer (Sanidad) y Carlos Acuña (estaciones de servicio); Andrés Rodríguez (UCPN); Gerardo Martínez (UOCRA), Armando Cavalieri (Comercio), Antonio Caló (UOM), José Luis Lingeri (Obras Sanitarias) y Jorge Sola (seguro).
Mientras comían asado con ensalada, los sindicalistas hicieron ante Alberto Fernández un minucioso repaso de cómo estaba cada una de las actividades y allí le plantearon la necesidad de que no se interrumpan los programas de ayuda para no profundizar más la crisis de varios sectores.
Cavalieri, en particular, advirtió que la eliminación del ATP, que durante la cuarentena permitió que el Estado se hiciera cargo de pagar la mitad del salario de las empresas en crisis, podría tener un dramático impacto entre las pymes del rubro mercantil: estimó que sin esa ayuda se perderán unas 200 mil fuentes de trabajo porque muchos empresarios no pueden abonar el 100% de los sueldos.
Incluso elogió la decisión de haber permitido que se abran los shoppings en la Ciudad de Buenos Aires, pero destacó que la mayoría de los negocios “están vacíos porque la gente no compra”.
Inmediatamente, Alberto Fernández prometió que, si bien el ATP se reconvertirá mediante el otorgamiento de créditos a tasa subsidiada, el Gobierno analizará la continuidad de la asistencia salarial en el sector de Comercio o en aquellos donde la situación sigue siendo crítica.
De todas formas, recordó el jefe del Estado, la ayuda que se brindada a través del ATP será reemplazada desde este mes por el REPRO II, un programa que lanzó el Ministerio de Trabajo para unas 200.000 personas que contempla una suma fija mensual de $9.000 por trabajador.
